Documento del 24 de marzo de 2009 (Firmado por centenares de organizaciones y personalidades, entre ellas Convergencia de Izquierda)
A treinta y tres años del golpe genocida, estamos aquí con las banderas en alto de una generación que dio su vida por conquistar una Argentina sin opresión, sin explotación, sin miseria. Estamos en esta Plaza comprometidos con esos mismos ideales, a dos años y medio de la desaparición de Julio López y en el marco, de una crisis económica que está pagando nuestro pueblo, para decir muy fuerte
300000 COMPAÑEROS DETENIDOS-DESAPARECIDOS PRESENTE!!!Treinta y tres años se cumplen hoy del golpe de estado de 1976. Treinta tres años llevamos repudiando ese día.
Repudiando el terrorismo de estado como método de aniquilamiento de decenas de miles de compañeros; repudiando la cárcel, el exilio, el secuestro, la tortura, la desaparición y el asesinato. Método de aniquilamiento que comenzó a ensayarse antes del golpe, en el Operativo Independencia en Tucumán y con el accionar de la Triple A y demás bandas fascistas en todo el país.
Treinta y tres años llevamos repudiando el secuestro y tormento de niños, los vuelos de la muerte en que los secuestrados eran arrojados vivos al mar, la tortura a las embarazadas y el robo y la apropiación de sus hijos.
Repudiando la política que la dictadura impuso: de enriquecimiento de unos pocos a costa del hambre de muchos, de mayor explotación y liquidación de conquistas de los trabajadores, de entrega, de destrucción de la industria nacional, de brutal endeudamiento externo, de cercenamiento absoluto de las libertades individuales y colectivas, de violación sistemática de todos los derechos.
Denunciando al poder económico proimperialista, a los banqueros y a la oligarquía terrateniente que planificaron el golpe, a las empresas y dirigentes sindicales traidores que entregaron cuerpos enteros de delegados como en Ingenio Ledesma, Mercedes Benz, Ford; a la mayoría de la cúpula de la Iglesia que los bendijo; al poder judicial que los amparó; a los políticos que los avalaron; y a los grandes medios de comunicación que les lavaron la cara a todos ellos.
Repudiando a la dictadura genocida, que para implantar ese modelo político-económico ejecutó, instalando más de 500 campos de concentración a lo largo y ancho del país, un plan sistemático de aniquilamiento de miles de compañeros, dirigentes y militantes obreros y populares que adoptaron diferentes formas de lucha. 30000 detenidos-desaparecidos, centenares de asesinados, miles de presos, exiliados, insiliados fueron producto del genocidio que desplegó el Terrorismo de Estado.
El objetivo de la represión fue terminar con el amplísimo movimiento popular que se proponía transformaciones sociales de fondo en la Argentina. La dictadura buscó destruir las formas de organización de importantes sectores de los trabajadores y el pueblo: Cuerpos de Delegados, Centros de Estudiantes, organizaciones políticas, barriales, profesionales. Se propuso terminar con las prácticas sociales que basaban su acción en la solidaridad, en poner el interés común por encima del individual, en privilegiar la organización e impulsar la participación.
Treinta y tres años llevamos repudiando la brutal represión, perfectamente planificada, racional y discriminada, que tiene un nombre preciso: genocidio.
Genocidio, así lo hemos llamado durante años, así debemos seguir gritándolo en las calles y así debemos lograr que se lo llame en todas las sentencias judiciales. Genocidio que en 1983 Alfonsín pretendió ocultar detrás de la teoría de los dos demonios, para justificar apenas unos años más tarde, las infames leyes de impunidad.
Los años del menemismo profundizaron aún más la impunidad de los represores con los indultos y alumbraron lo que puede llamarse el genocidio económico: el de la desocupación, la miseria y el hambre para millones como producto de la entrega de los recursos naturales y del patrimonio nacional, y del remate de la industria.
Nuestro pueblo nunca dejó de luchar: la valiente ocupación de la plaza de Mayo por las Madres, el reclamo persistente de los organismos de derechos humanos, la heroica resistencia de nuestro pueblo, las históricas huelgas, fueron trazando un camino que llegó hasta el multitudinario acto del 24 de marzo de 1996, a 20 años del golpe genocida, y a las inolvidables jornadas del 19 y 20 de diciembre de 2001, bisagra que abrió una nueva etapa en la historia de nuestro país.
Con todos estos años de lucha hemos logrado demostrar que es mentira la teoría de los dos demonios, anular las leyes de Punto Final y Obediencia Debida, reabrir las causas contra los genocidas. También hemos conseguido abrir un debate imprescindible para reconstruir los lazos sociales que la dictadura intentó destruir.
El movimiento popular organizado reconoce estos triunfos como el producto de su lucha de más de treinta años contra la impunidad. Lucha en la que supimos unir el reclamo de juicio y castigo a los genocidas de ayer con la exigencia de terminar con la impunidad de hoy; en la que fue posible instalar esta fecha, 24 de marzo, como fecha simbólica de demanda de la plena vigencia de derechos entendidos como una totalidad: libertad, trabajo, vivienda, educación, salud y justicia.
Y en eso estamos hoy, en esta Plaza, estamos levantando las banderas de nuestros 30.000 compañeros detenidos-desaparecidos, estamos reivindicando sus ideales y estamos continuando su lucha.
Por ellos, por nosotros, por nuestros hijos y sus hijos, decimos:
Cárcel común ya a todos los genocidasPorque a pesar de lo que dice el Gobierno, a más de 5 años y medio de anuladas las leyes de impunidad, el 95% de los genocidas están libres. Y el 5% que está condenado o procesado lo está por un número mínimo de víctimas y además, la mayoría están excarcelados o siguen en escandalosas condiciones de detención en countries o dependencias militares.
No admitimos esta falsa polémica entre la Corte y el Gobierno. Sabemos y denunciamos que los responsables SON LOS JUECES Y ES EL GOBIERNO.
Muchísimos jueces y fiscales provienen de la dictadura o son cómplices, amigos, socios o familiares de los genocidas con lo que cientos de causas están literalmente paralizadas, sin ningún imputado después de años de instrucción. Nada hace el Gobierno ni sus legisladores para modificar esta situación.
Los fiscales no cumplen su rol de investigar, sistematizar la prueba y acusar a todos. Solo acusan a un puñado de represores en cada causa, aquellos que integraban la cadena de mandos, a los emblemáticos o a los pocos que fueron reconocidos por los sobrevivientes a pesar de las vendas en sus ojos. Ni una palabra dicen los fiscales de todos aquellos que estuvieron destinados en las dependencias oficiales donde funcionaron campos de concentración y que eran quienes golpeaban, vejaban y torturaban. Nada hace el Gobierno para modificar esta situación.
Tampoco la Secretaría de DDHH aporta a las causas los listados de personal de esos centros que tiene el Estado en sus archivos, ni impulsa el procesamiento de todos, ni denuncia a los fiscales y jueces que demoran las causas. Nada hace el Gobierno para modificar esta situación.
Desarmar la impunidad, construida prolijamente durante años, desarmar el aparato represivo de la dictadura, requiere de mucho más que discursos, requiere de una decisión política que el Gobierno no tiene.
Los hijos de nuestros compañeros, secuestrados con ellos o nacidos en cautiverio y apropiados por los represores y sus cómplices, son otra de las pruebas de que con discursos no alcanza. Más de 400 jóvenes siguen viviendo con su identidad cambiada, desaparecida. La política oficial solo impulsa que aquellos jóvenes que duden de sus orígenes, se hagan una prueba genética. Una vez más las víctimas deben hacerse cargo de lo que es responsabilidad del Estado. Exigimos juicio y castigo a los responsables, a los apropiadores y a los médicos y parteras que participaron de estos crímenes.
Que a los fiscales, a los jueces, a los legisladores, al Gobierno, se les haya “pasado” que Jorge Rafael Videla y Emilio Eduardo Massera siguen indultados y sin cumplir la condena a prisión perpetua que se les impuso en 1985, a pesar de que hace dos años un fallo judicial lo ordenó, es inconcebible si no se entiende que es parte de un todo. Todo que incluye la negativa -una y otra vez- del bloque kirchnerista, del PJ, del PRO y de la UCR a dar quórum para debatir la anulación de los indultos en el Congreso Nacional.
Por eso repetimos, aquí en esta plaza, que por nuestros 30.000 compañeros detenidos-desaparecidos, por nosotros, por nuestros hijos y sus hijos: exigimos cárcel común y efectiva YA! a todos los genocidas.Porque a pesar de lo que dice el Gobierno, la impunidad permitió que esos genocidas libres secuestraran a Jorge Julio López que hoy, dos años y medio después, sigue desaparecido.
La impunidad de ayer y la de hoy en carne viva: quienes en 1976 torturaron a Julio en el Pozo de Arana, libres e intocados por la justicia casi todos, y excarcelados por la Cámara de Casación los pocos, muy pocos, que están procesados. Quienes lo desaparecieron hace dos años y medio caminan libres por las calles gozando de total impunidad.
Luchamos tres meses para que la justicia reconociera que se trataba de un secuestro. Un año y medio para apartar a la Bonaerense de la investigación. Dos años para que, por fin, algún funcionario judicial lea la causa completa y comience a seguir las líneas de investigación que involucran a miembros de fuerzas de seguridad y militares. Cuando por primera vez se apuntaba al círculo de instigadores, ideólogos y ejecutores, el juez Corazza se excusa y el nuevo juez –un juez de la dictadura- aparta al secretario y otra vez la causa vuelve a quedar paralizada y errante entre los intrincados intereses judiciales, el silencio y la pasividad cómplices del Poder Ejecutivo.
Nosotros, hoy, en esta plaza, tal como venimos haciendo desde hace dos años y medio, seguimos marchando, seguimos luchando, seguimos denunciando,
SEGUIMOS EXIGIENDO AL GOBIERNO SU APARICION CON VIDA YA!Como cada año, en este 24 de marzo unimos el reclamo de cárcel para los genocidas de ayer, que siguen secuestrando y desapareciendo hoy, con la demanda de la plena vigencia de los derechos de nuestro pueblo. Derechos que defendemos en su totalidad y que corren graves peligros este año en que el país está inmerso en la crisis capitalista internacional a la que se suma la crisis interna que el gobierno y las grandes patronales descargan sobre las espaldas de los trabajadores y el pueblo
Tarifazos, despidos y suspensiones son las primeras consecuencias de la dirección que se pretende imponer para salir de esta situación sin tocar a los verdaderos responsables de la crisis, que se enriquecieron durante todos estos años. La desocupación vuelve a crecer violentamente y la única preocupación del Gobierno y de la oposición de derecha es como mantener la tasa de ganancia de los grandes empresarios.
Las cifras ridículas publicadas por el INDEC intervenido hace más de dos años, sólo sirven para simular una realidad inexistente, cuando cada día son más las familias que no alcanzan a cubrir las necesidades mínimas, mientras por la vía de los aumentos de precios no reconocidos se transfiere la riqueza del pueblo a los bancos y a las grandes corporaciones de la industria agroalimentaria.
El gobierno, en vez de solucionar las necesidades imperiosas de nuestro pueblo, sigue pagando la ilegítima y fraudulenta deuda externa con el hambre de nuestros pibes; sigue entregando el petróleo, el gas, la minería y demás recursos naturales, a los monopolios imperialistas y a sus amigos y testaferros.
Y porque seguimos levantando las banderas de nuestros 30.000 compañeros detenidos-desaparecidos, porque defendemos nuestros derechos y los derechos de nuestros hijos y de sus hijos, reclamamos:
Que la crisis no la sigamos pagando los trabajadores y el pueblo. Que la paguen las grandes patronales, los monopolios, los banqueros y los terratenientes, No al pago de la deuda externa, No a la extranjerización y concentración de la tierra, nacionalización de los recursos naturales, No a los acuerdos con el FMI, el Club de París y demás organismos internacionales de crédito.
Ante la política de los Kirchner los más amplios sectores de nuestro pueblo responden con la lucha y con nuevas formas democráticas de organización. Durante el último año, numerosas luchas tuvieron como protagonistas a los trabajadores ocupados y desocupados. Los docentes de casi todo el país, particularmente los de Río Negro con el corte en Chichinales, se movilizan por aumentos salariales y en defensa de la educación pública.
Los trabajadores de Mafissa, FATE, Paraná Metal, General Motors, Massuh, Indugraf, Arrufat, Hospital Francés, Iveco, INDEC, los petroleros de la Patagonia, los frutícolas de Río Negro, los trabajadores del ajo de Mendoza, los trabajadores de ASOMA, sostienen y reafirman este camino en defensa de sus derechos y de recuperar conquistas históricas perdidas en los últimos años.
De la mano de los triunfos logrados en la lucha contra la impunidad , un profundo proceso de recomposición se viene gestando en el movimiento obrero. Una joven generación de trabajadores está dando un paso adelante, se organiza, enfrentando a los dirigentes sindicales traidores, para recuperar cuerpos de delegados y darse formas de organización democráticas. SUTNA San Fernando, TBA, Subte, Terrabussi y otras organizaciones del movimiento obrero son ejemplos de este proceso.
Los obreros rurales pelean por salarios y por la liquidación del régimen de trabajo agrario de la dictadura, los pueblos originarios por la tierra, los campesinos para no ser expulsados de sus tierras.
Por eso, en nombre de nuestros compañeros detenidos desaparecidos, Damos todo nuestro apoyo a las luchas obreras por salarios, contra los despidos y suspensiones. Exigimos expropiación bajo control obrero de toda empresa que cierre o despida. Expropiación sin pago de la propiedad terrateniente nacional y extranjera y de los pooles de siembra y la aplicación de impuestos progresivos a las grandes fortunas.
Para frenar este proceso, el gobierno de los Kirchner reprime no sólo con las fuerzas de seguridad sino que militariza los lugares de trabajo, como en Gestamp y Dana, y sigue usando su 'marca registrada': las patotas mandadas por los dirigentes sindicales amigos del Gobierno, como en el caso de los trabajadores del Subterráneo, del Indec, del Hospital Francés, del Casino.
En Neuquén las bandas de Sobich y Sapag se cobraron la vida del militante Lázaro Duarte, y sus responsables siguen impunes. Y no le tiembla la mano a la policía asesina cuando recibe la orden de matar, como no le tembló cuando hace casi dos años asesinó al compañero Carlos Fuentealba. La movilización y el repudio popular a los culpables logró que se juzgara y condenara al responsable material de su fusilamiento. Lejos de eso, Sobisch y su policía siguen impunes. La misma justicia que excarcela a los genocidas de ayer, no procesa a los responsables políticos y policiales del asesinato de Carlos Fuentealba, así como no procesó a los responsables del asesinato de otros muchos militantes populares en todo el país.
El Gobierno que se autoproclama “defensor de los DD.HH.”, avanza en la judicialización y criminalización de toda protesta. Y los mismos jueces y fiscales que siguen buscando pruebas contra los genocidas, los mismos que no las encuentran contra los asesinos de Fuentealba, de Duarte y de tantos otros compañeros, son más rápidos que la luz para procesar a los que luchan: obreros, empleados, estudiantes, militantes y dirigentes políticos y barriales, trabajadores desocupados, docentes. Y ahora, como sucede con el juez Oyarbide, libran oficios ordenando tareas de inteligencia sobre militantes y organizaciones políticas.
Hoy son más de 4.000 los compañeros con causas abiertas y juicios en marcha. Y de cada conflicto abierto surgen nuevos procesados, a lo que se suma el pedido de desafuero de decenas de delegados combativos. En los próximos días comienzan los juicios orales contra trabajadores de Fargo, Terrabusi, Garrahan, Hospital Francés, TBA, FATE y contra compañeros del movimiento de desocupados como Kuperman y Léxica.
Hace apenas un mes fueron liberados los 6 trabajadores de Las Heras que estuvieron injustamente presos tres años. Continúan procesados y está pendiente una resolución sobre el juicio oral. La “Gallega” Germano sigue en prisión y privada del derecho de salidas. Luego de pasar más de 2 años presos, fueron extraditados los 6 dirigentes campesinos paraguayos, a los que el Gobierno negó el asilo político violando una tradición histórica de nuestro país.
Romina Tejerina sigue presa después de 6 años. Fue agredida en la cárcel y no se toman medidas para protegerla. Hacemos responsables de esta situación al gobierno nacional, al provincial y a los jueces. Y como si no alcanzara con los jueces y fiscales dispuestos a procesar a los que luchan, sigue en pie la llamada “Ley Antiterrorista”, herramienta para reprimir al pueblo y sus organizaciones exigida por el gobierno de Bush y aprobada entre gallos y medianoches por el Congreso por orden del Gobierno de Néstor Kirchner.
Por todo esto, continuando con la lucha de nuestros 30.000 compañeros detenidos-desaparecidos, defendiendo nuestro derecho a la protesta y a la libertad, exigimos: Basta de judicializar la protesta social! Basta de patotas contra los trabajadores! Castigo a los responsables políticos y materiales de los asesinatos de Fuentealba y Duarte. Amnistía o desprocesamiento inmediato a los luchadores populares! Libertad de todos los presos políticos! Libertad a Romina Tejerina. No a las tareas de inteligencia sobre las organizaciones populares. No a la ley antiterrorista! Basta de represión!
También este 24 de marzo denunciamos la campaña mediática que motoriza la derecha fascista en relación al tema de la llamada inseguridad. Esta campaña oculta que la base de este problema son las políticas de impunidad y la continuidad del aparato represivo de la dictadura.
Se pretende hacer responsable de la llamada inseguridad a los jóvenes de los sectores más desposeídos, ocultando que la verdadera inseguridad es que Julio López siga desaparecido, que el gatillo fácil siga cobrándose la vida de miles de jóvenes, que durante el año 2008 se produjeran 59 muertes en lugares de encierro (comisarías, penales, institutos de todo el país), que en los secuestros extorsivos, en los crímenes del narcotráfico, en la trata de personas, y en la mayoría de los delitos más violentos, siempre están involucrados miembros de las fuerzas represivas, y que tras bambalinas actúan los sectores que hacen negocios en complicidad con el poder.
Las campañas fascistas de algunos medios de comunicación y de círculos políticos nostálgicos de la dictadura que reclaman pena de muerte y baja de la edad de imputabilidad pretenden negar esta realidad y descargar la mano dura sobre los de abajo.
Basta de criminalizar la pobreza! No a la trata de personas y al trabajo esclavo! No a la baja de la edad de imputabilidad. No a la pena de muerte. No al fortalecimiento del aparato represivo. Basta de gatillo fácil.
Compañeros, siguen las impunidades de ayer y de hoy. Denunciamos que después de 15 años la masacre de la AMIA sigue impune y siguen cerrados los archivos secretos del Estado evitando una investigación independiente. Por responsabilidad del gobierno, la causa AMIA está manipulada y al servicio de la agresión imperialista en Medio Oriente, encubriendo a los verdaderos responsables.
Denunciamos que, aunque la lucha de familiares y sobrevivientes consiguió la destitución de Ibarra, permanecen impunes los responsables políticos de la masacre de Cromagnon que costó la vida de 194 jóvenes, muertos por la corrupción de empresarios y funcionarios públicos.
Exigimos: La entrega de los archivos secretos de la causa AMIA a una comisión investigadora independiente. Basta de impunidad para los responsables políticos de la masacre de Cromañón.
Nuestra lucha es parte de un torrente, una tempestad de puebladas y rebeliones que recorre América Latina. Los pueblos se han puesto de pie a lo largo de todo el continente en defensa de sus derechos, por la libertad y contra el imperialismo. Mientras tanto los yanquis, con el Plan Colombia y la IV Flota, junto a las oligarquías nativas, como ocurrió con la masacre de Pando en Bolivia, intentan frenar el claro avance de los pueblos.
Honrando la histórica solidaridad de nuestro pueblo con nuestros hermanos de Latinoamérica decimos: Fuera los ingleses de Malvinas. Libertad a los 5 patriotas cubanos presos en EEUU. Basta de terrorismo de Estado en Colombia. Juicio y castigo a los asesinos de los dirigentes obreros venezolanos Gallardo, Hernández y Requena. Fuera el imperialismo de América Latina.
No solo en América latina crece la lucha de los pueblos. Ejemplo de ello es la lucha del pueblo palestino y de la población de Gaza resistiendo la política genocida y de “terrorismo de estado” de Israel. El gobierno nacional pretendió igualar el repudio popular, nacional e internacional a los crímenes del estado israelí con una supuesta ola de antisemitismo o antijudaísmo. Y en medio de la masacre promulgó una ley para financiar al complejo industrial-militar de Israel.
Por eso hoy, ante nuestros 30000 compañeros detenidos desaparecidos decimos: Solidaridad con la lucha del pueblo palestino. No a los acuerdos del MERCOSUR con Israel. Fuera el estado genocida de Israel de Gaza y de todos los territorios ocupados.
Compañeros: Nuestro pueblo sigue luchando en defensa de sus derechos. Cada día son más los que se movilizan y cada conquista estimula nuevos reclamos. Cada injusticia, cada derecho violado genera una respuesta popular. Ante nuestros 30.000 detenidos-desaparecidos nos comprometemos a seguir dando nuestro Presente en la lucha hasta conseguir que sus sueños se hagan realidad, una Argentina liberada de la opresión imperialista y de la explotación. En ese camino, sorteando todos los embates, estuvimos, estamos y estaremos cada 24 de marzo en esta Plaza.
Por la Memoria, la Verdad y la Justicia. 30.000 compañeros detenidos desaparecidos Presentes!!!
La oposición patronal y la burocracia sindical buscan salvar a un gobierno moribundo / “Dialogo” sobre un volcán de protestas obreras y populares (imagen tapa periódico CI número 7 de agosto)
